La Cámara de Diputados debate hoy la desaparición de órganos autónomos: un tema polémico para la historia de nuestro país.

La Cámara de Diputados inicia una discusión clave sobre la posible desaparición de varios órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en una reforma que podría alterar profundamente el sistema de rendición de cuentas y control del poder en el país. 

La propuesta, que se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado controversia y división tanto entre los legisladores como en la sociedad civil.

El debate sobre la desaparición de órganos autónomos es parte de un paquete de reformas presentadas por la bancada oficialista de Morena, que busca reestructurar el aparato gubernamental y, en algunos casos, consolidar el poder del Ejecutivo al reducir la independencia de instituciones clave. 

Los portavoces del gobierno federal sostienen que los órganos autónomos han acumulado poder y recursos excesivos, lo que, según ellos, ha afectado la eficiencia del gobierno. Argumentan que estas instituciones, en algunos casos, han actuado de manera opaca, sin rendir cuentas de su gestión, y que la desaparición o transformación de estas entidades permitirá una mejor administración pública.

La propuesta ha provocado una respuesta enérgica de la oposición, así como de organizaciones civiles, académicas y de derechos humanos. Partidos como el PAN, PRI y PRD han expresado su rechazo a la medida, argumentando que la desaparición del INAI y otros organismos autónomos representaría un grave retroceso para la democracia en México, pues vulneraría los mecanismos de control y transparencia que han sido fundamentales en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder.

El INAI, en particular, ha sido un actor clave en la implementación de políticas de transparencia, permitiendo que los ciudadanos accedan a información sobre el gobierno y exigiendo a las autoridades rendir cuentas. La eliminación de este organismo, según sus defensores, podría restar confianza en las instituciones y debilitar la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.